El nuevo paradigma de la Seguridad Alimentaria (protección de la Salud Pública) obliga a los oferentes de alimentos a ser proactivos, demostrando los atributos de calidad y sanidad con documentación e información confiable, la cual pueda ser auditada (registros). Esto exige, que los productos sean trazables (trazabilidad). Pero quizás lo más importante para los países exportadores y para las empresas que venden y exportan alimentos es que, dentro de sus responsabilidades, la demostración de la seguridad de sus productos –inocuidad– es, actualmente, uno de los elementos centrales. Para el logro de este propósito, es necesario establecer una política alimentaria nueva y dinámica, la cual supone: adecuar la legislación, reforzar los controles desde la explotación agraria hasta la mesa del consumidor, aumentar la eficacia del sistema de asesoramiento científico y disponer de insumos de eficiencia y eficacia probadas para garantizar un nivel elevado de salud y protección de los consumidores, volcando al mercado alimentos que no sean causantes de enfermedades por la presencia de contaminantes o agentes patógenos, en forma involuntaria –inocuidad– o deliberada –Bioterrorismo–.

En este sentido, se impone la necesidad de producir una profunda y continua revisión de las responsabilidades de los diferentes niveles del sector agroalimentario, privado y público, que implique el rediseño de sus estructuras, la asignación de competencias y la refuncionalización de los niveles jerárquicos (políticos y técnicos), a la vez que determine claramente qué funciones deben estar en la órbita de la administración central, cuáles en la administración descentralizada, los límites entre lo público y lo privado y las competencias entre los niveles de gobierno y la actividad privada.

El nuevo diseño institucional del sector, debe operar como facilitador de los cambios que se pretenden impulsar, en términos de la responsabilidad de las instituciones públicas y de los integrantes privados de las cadenas agroalimentarias.